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| Ilustraciones Víctor Solís |
1 FEBRERO, 2021
Ricardo Alvarado • Rosa
Castañeda • Leonardo Núñez • Leonor Ortiz Monasterio
Pemex: el gran comprador opaco
En noviembre de 2020, una
investigación de MCCI, en la que se revisaron 2800 contratos de Pemex por un
monto total de 289 000 millones de pesos, reveló que el 90 % de los procesos
de compras presentaron anomalías como falsa competencia, alta concentración
en un solo proveedor y una clara preferencia por los procesos discrecionales,
mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.
También se identificaron tres
transacciones con una empresa fantasma realizadas desde 2018; 23 transacciones
con empresas sancionadas o inhabilitadas, por 978 millones de pesos, y 32
transacciones con empresas de reciente creación, por 11 000 millones de pesos.
En muchos de estos casos el problema identificado fue el bajo nivel de
competencia en el proceso de contratación, que fue la situación del 41 % de
las transacciones.
Los procesos de contratación
opacos de Pemex permitieron que la red de corrupción de Odebrecht consiguiera
acuerdos por más de 20 000 millones de pesos, como documentó MCCI desde 2017.
También su filial Braskem-Idesa consiguió beneficios indebidos, ya que con el
proyecto de Etileno XXI logró asegurar por veinte años el abastecimiento y
monopolización del gas etano —derivado químico del petróleo— a un precio
menor al de mercado. Por incurrir en faltas en la entrega del suministro a
Etileno XXI, Pemex generó sanciones por casi 3000 millones de pesos. Fue en
diciembre de 2020 que este contrato fue desechado y se canceló el suministro
para la petroquímica.
En marzo de 2020 se vinculó a un
proceso de responsabilidades al subdirector de operaciones de Pemex Logística
por otorgar un anticipo presuntamente ilegal de 27 millones de dólares en el
proceso de compra de 700 pipas que nunca se entregaron. En diciembre se reveló
que una empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente, había
recibido dos contratos de Pemex por más de 360 millones de pesos. Después de
que se hicieron de conocimiento público, las adquisiciones fueron canceladas
por la petrolera.
Pemex es uno de los proyectos eje
de este gobierno y la empresa productiva del Estado de mayor tamaño. El gasto
de la petrolera —637 000 millones de pesos— equivale a la suma del gasto de las
secretarías de la Defensa, Marina, Educación Pública, Salud, Gobernación y
Comunicaciones y Transporte. Sin embargo, el proceso de contratación pública
de Pemex sigue siendo extremadamente opaco y discrecional, por lo que los
espacios para que continúe el desperdicio y uso irregular de recursos
públicos siguen abiertos.
IMSS: el hermano a modo
La delegación del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla entregó por adjudicación directa,
en abril de 2020, un contrato por 101 000 pesos a la empresa Monitoreo de
Información y Publicidad para que realizara el servicio de monitoreo de medios
de comunicación. De acuerdo con una investigación de Arelí Quintero, Tania
Rosas y Mario Gutiérrez Vega, publicada en LatinUs, esta compañía forma parte
del corporativo Media Solutions, que es encabezado por Gabino Robledo Aburto,
hermano del actual director general del IMSS, Zoé Robledo. El propio
funcionario fue director de análisis político de la compañía de 2000 a
2004, posteriormente fungió como director y finalmente salió para dejar a su
hermano como el dueño.
Ambas compañías comparten
domicilio, correos y logotipo, pero no están en la declaración de conflicto
de intereses de Zoé Robledo. En dicho documento se mencionan tres empresas:
Digital Media Monitoring, la inmobiliaria familia Robledar y la mezcalera Los
Portadores del Elíxir. Además, el director del instituto declaró antes haber
sido socio fundador de Gerencia del Poder. Esta última recibió un contrato en
2017 por 34.7 millones de pesos para desarrollar el plan de gobernanza
pública, social y empresarial del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en
Texcoco, cancelado por el presidente López Obrador.
El corporativo Media Solutions
también recibió dos contratos entre 2019 y 2020. Uno por parte del Banco del
Bienestar, cuando estaba dirigido por Rabindranath Sala, y otro del gobierno de
Puebla, encabezado por Miguel Barbosa. Estos dos políticos fueron senadores de
la República al mismo tiempo que Robledo durante la legislatura pasada.
Después de que se dieron a
conocer los contratos, Zoé Robledo declaró que en el IMSS no había ninguna
compra hecha a alguna empresa de su familia y que actualmente su único ingreso
es su salario como servidor público. Sin embargo, la información pública de
los contratos, consultable a través de la plataforma Compranet, muestra que se
realizó una adjudicación directa a la empresa Monitoreo de Información y
Publicidad en abril de 2020, después de que ya había iniciado la pandemia del
coronavirus. Esto significa que la empresa fue invitada directamente por el gobierno
para prestar sus servicios, lo que evidencia uno de los múltiples riesgos del
uso y abuso de la figura de las adjudicaciones directas como mecanismo de
asignación de los recursos públicos.
Liconsa: la corrupción de la
ineficiencia
Durante el primer año de
gobierno de López Obrador, Liconsa dejó fuera de la distribución de leche
subsidiada a 478 000 mexicanos en situación de pobreza, incrementó en 150 %
el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de
abasto a 67 municipios vulnerables que tenían precio preferencial.
Liconsa es una empresa
paraestatal que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La
compañía se encarga de industrializar y comercializar leche a precios
accesibles con el objetivo de apoyar el consumo y nutrición de las personas
con menos recursos.
Aunque la meta establecida por la
misma empresa había sido atender a 6 350 000 beneficiarios, cifra alcanzada en
el último año del gobierno de Peña Nieto, Liconsa reveló que al cierre del
2019 había atendido a 5 871 236 personas. Esta cobertura fue la más baja en
diez años de operación. En marzo de ese año, la titular del órgano interno
de control de Liconsa reportó estas inconsistencias, que llevaron a una
auditoría y a la renuncia del director de finanzas. Asimismo, se optó por
aumentar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación: pasó
de 1 peso el litro a 2.50 pesos.
Además, el padrón de
beneficiarios se redujo sin justificación alguna y productores de leche de
veinte estados del país denunciaron irregularidades en el proceso de pagos que
entrega al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por medio de
Liconsa.
En agosto de 2020, una
investigación de MCCI reveló que Grupo Vicente Suárez 73 S. A. de C. V.,
empresa fundada por Alejandro Puente, un empresario ligado a actos de
corrupción, recibió dos contratos de Liconsa hasta por 4 millones de pesos
para abastecer leche por cinco años. Cabe destacar que ni la empresa ni el
empresario tienen experiencia en este campo. Debido a las acusaciones por
irregularidades, Puente negó ser dueño de la empresa, pese a que al menos 25
medios de comunicación dejaron constancia de lo contrario. El presidente
solicitó entonces que el caso fuera investigado por la Secretaría de la
Función Pública.
El caso de Liconsa es un ejemplo
de las consecuencias de la discrecionalidad por parte de tomadores de
decisiones, en las que la promesa de atender primero a la población más pobre
y vulnerable del país ha sido dejada de lado.
Ana Gabriela Guevara: corriendo
por la nómina
Cuando Ana Gabriela Guevara,
exvelocista y medallista olímpica, asumió la titularidad de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se esperaba una mejor gestión
del deporte nacional, con mayor acercamiento y apoyo a los deportistas. Sin
embargo, se han interpuesto varias denuncias en contra de la Conade por
corrupción y los atletas han señalado la reducción de sus becas.
Durante 2019 se abrieron cuatro
expedientes en la Secretaría de la Función Pública, uno de ellos para
investigar las operaciones irregulares del Fondo para el Deporte de Alto
Rendimiento (Fodepar), utilizado para crear una red de empresas y personas
ajenas al deporte y triangular recursos públicos. Una auditoría de la SFP
confirmó que con este mecanis- mo se desviaron hasta 30 millones de pesos.
La titular de la Conade ha sido
acusada de nepotismo, cohecho, desvío de recursos, extorsión e incluso
homicidio en grado de tentativa. En abril de 2020, dos empresarios veracruzanos
interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Ana
Gabriela Guevara por solicitar el pago de un soborno de 2.5 millones de pesos a
cambio de recibir un contrato para el servicio de comedores de la dependencia.
Posteriormente, ampliaron su denuncia tras haber sufrido un atentado y
sobrevivir a 160 disparos en su contra. Sin embargo, en julio del mismo año
los dos empresarios fueron detenidos por presuntamente participar en la
desaparición forzada de un operador de Guevara.
La mayoría de las denuncias
impuestas contra la Conade siguen en proceso y no han generado ninguna
sanción. Aunque se señaló que Ana Gabriela Guevara dejaría el puesto para
buscar la gubernatura de Sonora, el presidente aseguró que ella seguirá
coordinando el deporte en el país.
El caserío millonario de Manuel
Bartlett
Al asumir el cargo de director de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett presentó su
declaración patrimonial, en la que señaló tener un patrimonio de 51 millones
de pesos, ingresos anuales por 11 millones más, así como dos edificios y tres
locales. Sin embargo, una investigación de Arelí Quintero, difundida por
Carlos Loret de Mola en su sitio electrónico y en su programa de radio Así las
cosas, señaló la existencia de veintitrés bienes inmuebles adicionales en
las zonas más caras de la ciudad, así como diez empresas propiedad de su
pareja sentimental y de sus hijos (algunas de ellas beneficiarias de contratos
con el gobierno) y dos empresas en las que participaba Manuel Bartlett. Ninguno
fue declarado por el funcionario.
La Secretaría de la Función
Pública realizó una investigación al respecto y confirmó que los bienes y
empresas efectivamente eran propiedad de quienes se había denunciado, pero “se
comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra
Bartlett Álvarez sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia
Elena Abdalá Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un
vínculo legal de matrimonio o concubinato”. Así, la SFP concluyó que la
omisión de hacer públicos dichos bienes con valor de más de 800 millones de
pesos no violó ninguna ley.
Sin embargo, diversos medios
revelaron que Bartlett y su pareja han mantenido una relación sentimental
desde hace más de 20 años y que incluso adquirieron en copropiedad una casa
ubicada en los límites de la ciudad y el Estado de México, por lo que la
exoneración por parte de la SFP, más que producto de una investigación a
profundidad, se fundamentó en una interpretación formalista de la ley. Por
otro lado, la SFP tampoco acreditó que su investigación haya sido lo
suficientemente exhaustiva como para determinar si los hijos de Bartlett son o
no sus dependientes económicos o, en su defecto, si adquirieron los bienes en
cuestión cuando tenían el carácter de dependientes económicos.
Al utilizar un tecnicismo legal
para exonerar de cualquier responsabilidad a Manuel Bartlett, la SFP perdió
una oportunidad única para demostrar que, tal como se señala desde el
discurso presidencial, no se permitiría ningún tipo de trato privilegiado a
nadie. Tal como casos posteriores evidenciaron, la aplicación de la ley parece
ser diferente cuando se trata de personas cercanas al presidente o a su
círculo.
Los ventiladores millonarios de
León Manuel Bartlett
La pandemia de covid-19 requirió
que el gobierno hiciera múltiples compras de emergencia para poder hacer
frente a la crisis sanitaria. Varias investigaciones revelaron que equipo
médico e insumos necesarios para combatir los contagios y decesos fueron
adquiridos en contrataciones que no beneficiaron al gobierno, por el
sobreprecio, ni a los ciudadanos, pues los equipos no cumplían con las
especificaciones necesarias o llegaban con defectos a los institutos de salud.
El caso más notorio de este tipo de contratación fue la compra que hizo el
IMSS de veinte ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos con una
adjudicación directa a la empresa Cyber Robotics Solutions, cuyo dueño es
León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la CFE.
De acuerdo con una investigación
de MCCI, la diferencia del precio de ventiladores respiratorios acordado con la
empresa de Bartlett fue de hasta 85 % más con respecto a otros equipos
adquiridos por el gobierno. Sin importar el alto e injustificable costo de los
respiradores, el empresario consiguió contratos con otras dependencias del
gobierno como el Ejército, la Marina y el ISSSTE. Precisamente con este
último instituto de salud pública la empresa de León Bartlett ganó un
contrato por adjudicación directa para proveer equipo de “ultrasonido
torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón” por un monto de 94 900
000 pesos. León Bartlett consiguió, al menos, 162 millones de pesos por contratos
—la mayoría por adjudicación directa— con el gobierno actual.
La Secretaría de la Función
Pública inició un expediente de investigación a la empresa Cyber Robotics
Solutions por la venta de ventiladores respiratorios al IMSS —que levantó un acta
de rechazo para devolver los veinte ventiladores, ya que no cumplían con los
requerimientos funcionales acordados—. El instituto confirmó el 28 de mayo de
2020 que habían sido suspendidos su titular en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez,
así como tres funcionarios involucrados en la compra.
El 6 de julio, la SFP dio a
conocer dos inhabilitaciones a la empresa por 24 y 27 meses, así como dos
multas que suman 2 millones de pesos. De acuerdo con la circular publicada en
el DOF, la compañía proporcionó información falsa con respecto a la
supuesta disponibilidad inmediata de los ventiladores adjudicados, los entregó
tarde y ninguno de ellos cumplió con las especificaciones técnicas
contratadas. Sin embargo, el resto de contratos adjudicados y formalizados no
se vieron afectados por esta disposición.
Pablo Amílcar Sandoval:
impresentable superdelegado de Guerrero
Pablo Amílcar Sandoval fue el
superdelegado de Guerrero encargado de los programas sociales del gobierno
hasta octubre de 2020, cuando renunció para buscar la gubernatura. Al igual
que otros delegados estatales de la Secretaría del Bienestar, tiene una
denuncia por uso indebido de recursos públicos para promocionar su imagen. Sin
embargo, su caso es distinto que el resto por un factor fundamental: es hermano
de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
Entre los diversos casos
controversiales a los que se le vincula, en diciembre de 2019 el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Amílcar
Sandoval y otros trece superdelegados hicieron propaganda y promoción
personalizada ilícita del presidente López Obrador, violando el artículo 134
constitucional, aunque los delegados replicaron con 39 impugnaciones reclamando
tener derecho a difundir su trabajo.
En julio de 2020, se exhibió en
medios que Amílcar Sandoval omitió en su declaración patrimonial una finca
de 400 m2 en Acapulco. En el mismo mes, el diputado federal Rubén Cayetano
amplió la denuncia que había hecho meses atrás contra el superdelegado por
promoción personalizada, pues en redes se difundió un video en el que se
observa cómo obligaron a beneficiarios de pensiones para adultos mayores a
repetir y memorizar el nombre del superdelegado. En octubre, el Tribunal
Electoral del Estado determinó que los 32 espectaculares que distribuyó con
su imagen y nombre en siete municipios no fueron propaganda anticipada, pero la
sentencia se encuentra en revisión.
También se ha criticado el
posible conflicto de interés que existe entre Amílcar Sandoval y la SFP. Esta
institución ha recibido más de cien denuncias contra los superdelegados, pero
sólo ocho han avanzado en el deslinde de responsabilidades. Contra el
superdelegado de Guerrero se han registrado cuatro denuncias, una desestimada
por falta de elementos y las restantes permanecen en trámite. A pesar de las
acusaciones en su contra, Amílcar Sandoval no cuenta con ningún proceso de
investigación, mucho menos sanción, de la SFP.
El caso de Amílcar Sandoval
representa los beneficios de una figura que concentra la imagen de los
programas sociales en una sola persona a nivel local, crea redes clientelares y
obtiene ventajas indebidas para contender por las gubernaturas. Aunque las
autoridades señalan que existen mecanismos institucionales como la SFP para
sancionar acciones ilegales, la falta de control en las actividades de los
superdelegados del gobierno federal es evidente.
Carlos Lomelí: impresentable
superdelegado de Jalisco
Tras una investigación de MCCI,
publicada en mayo de 2019, en la que se señalaron diversos actos de
corrupción relacionados con el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, la
SFP anunció la apertura de siete investigaciones por conflicto de interés,
enriquecimiento oculto, cohecho y tráfico de influencias.
Lomelí formaba parte de una red
de empresas, de las cuales afirmaba no tener conocimiento, que vendían
medicamentos a instancias públicas. Hasta mayo de 2019, el gobierno actual les
había concedido contratos por un monto mayor a 164 millones de pesos. Estas
compañías simularon competencia entre sí y son dirigidas por al menos once
familiares y amigos de Lomelí; además, muchas se ubican en predios de su
propiedad.
La titular de la SFP señaló que
Lomelí incurrió en conductas sancionadas por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, por las que merecería ser inhabilitado para
ejercer un cargo público hasta por veinte años y los contratos de las
empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados. Lomelí
renunció a su cargo, no obstante, en noviembre fue exonerado por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al no encontrar ninguna falta
administrativa.
La información pública
sostenida durante la investigación fue irregular y poco transparente. Se
constató una confusión de fechas en la audiencia del empresario y los
responsables de exponer la denuncia nunca acudieron a la audiencia. Finalmente,
Lomelí fue declarado inocente hasta no tener mayores pruebas.
En enero de 2020, una de las
empresas de Lomelí ganó contratos por 128.6 millones de pesos durante la
compra consolidada de medicamentos, gracias a que obtuvo una suspensión
definitiva contra la inhabilitación de la SFP. Después que este hecho fue
denunciado, Hacienda detuvo la formalización de los contratos y un magistrado
federal eliminó la suspensión que permitió a la empresa seguir participando
en contrataciones públicas.
Uno de los problemas
estructurales que permitió que Lomelí abusara de su puesto como servidor
público es la naturaleza misma de los delegados de la Secretaría del
Bienestar, que tienen a su cargo una estructura importante de Servidores de la
Nación, encargada de la entrega de todos los programas sociales del gobierno
federal y cuya operación permite la creación de redes clientelares y de
nepotismo. De hecho, el sucesor de Lomelí, Armando Zazueta, también ha sido
señalado por múltiples irregularidades al integrar redes de familiares y
amigos como Servidores de la Nación.
El compadre de Rocío Nahle
Através de una invitación
restringida, Grupo Huerta Madre, una empresa de Arturo Quintanilla Hayek
—compadre reconocido de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía—,
consiguió un contrato por 4968 millones de pesos para acondicionar los
terrenos de la refinería de Dos Bocas. Nahle negó la información difundida
por diversos medios en mayo de 2020 y señaló que se trataba de mentiras y
calumnias. Sin embargo, el contrato disponible públicamente mostraba la adjudicación
al consorcio conformado por Van Oord de México y Grupo Huerta Madre.
La normatividad bajo la cual
Pemex realiza sus contrataciones se conoce como Disposiciones Generales de
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. En este
marco normativo se estipula que los concursos abiertos deberían ser la vía
general de contratación; sin embargo, sólo uno de cada tres contratos es
asignado con este mecanismo, como lo demostró una investigación de MCCI.
Una excepción para realizar
adjudicaciones directas o invitaciones restringidas corresponde a la urgencia
de la adquisición o al alto grado de especialización y experiencia que se
necesita para realizar la tarea. Sin embargo, Grupo Huerta Madre se había
creado una semana antes de participar en el proceso de contratación y la
experiencia previa del empresario Quintanilla Hayek era en bienes raíces,
construcción y comercialización de herramientas. Esta compañía tampoco
figuraba previamente como proveedora de Pemex o de la Secretaría de Energía.
Se presentaron diversas denuncias
ante la Secretaría de la Función Pública por las presuntas irregularidades
del contrato entre Pemex y Grupo Huerta Madre, acusando que fue asignado
gracias a amiguismos y compadrazgo. Incluso el Consorcio Boskalis, otra de las
empresas que acudió a la invitación restringida, impugnó la entrega del
contrato a la empresa de Quintanilla Hayek argumentando que carecía de
capacidad para realizar los trabajos operativos necesarios, por lo que no cumplía
con la idoneidad requerida.
La asignación de este contrato
podría violar el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, que exige
imparcialidad, idoneidad y honradez en las contrataciones públicas. Se
desconoce el avance de la denuncia interpuesta ante la SFP, pero aún no existe
ningún tipo de sanción y el contrato continúa vigente.
Funcionarios roban en el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
En mayo de 2019, Andrés Manuel
López Obrador anunció que el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE) se convertiría en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado (Indep) para entregar a la población los recursos obtenidos por la
incautación de bienes de la delincuencia organizada y de actos de corrupción.
El gobierno hizo énfasis en los lujos de los objetos a subastar y de sus
dueños originales, así como la eliminación de intermediarios para entregar
esos recursos.
El decreto que hizo oficial el
cambio de nombre del SAE fue publicado hasta enero de 2020. Además del cambio
de nombre, las confiscaciones de bienes ya no se destinarían a la reparación
del daño a víctimas de la delincuencia, sino que serían entregados
directamente a comunidades de escasos recursos y también se utilizarían para
el financiamiento de programas sociales.
Cárdenas también alertó de
otros riesgos que enfrenta el Instituto, como problemas de liquidez para poder
pagar sus obligaciones con trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, de Luz y
Fuerza del Centro y con las empresas proveedoras de los servicios de seguridad
y administración de almacenes, así como recursos en poder el Indep cuyo
origen es desconocido y que, por lo tanto, no pueden ser utilizados.
En poco más de un año de
existencia, aún no son claros los mecanismos para asignar recursos derivados
de las subastas por parte del Indep, pues diversas comunidades denunciaron que
sólo habían recibido un cheque simbólico de papel que por varios meses no
pudieron cobrar. Igualmente, se utilizaron 2000 millones de pesos del Indep
para que el gobierno se comprase a sí mismo boletos para la supuesta rifa del
avión presidencial, lo que evidencia la arbitrariedad con la que esta
dependencia puede ser utilizada.
El secretario del presidente y
sus empresas fantasma
Alejandro Esquer Verdugo es el
secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y su
colaborador desde 1996. En 2018 fue secretario de Finanzas de Morena. En su
encargo contrató a dos empresas fantasma de acuerdo con una investigación de
MCCI.
En febrero de 2018, AMLO
encabezó quince actos políticos junto a Miguel Barbosa en Puebla. De acuerdo
con los informes presentados ante el INE, Alejandro Esquer contrató a la
empresa Ligieri de México para el servicio de logística, alquiler de equipo y
lona impresa de cada evento. En conjunto, Morena pagó 546 000 pesos. Quien
aparece en los registros públicos como dueña de esta empresa también está
en el padrón de beneficiarios de Liconsa. En febrero de 2019, la compañía
fue liquidada y en septiembre de 2020 el SAT la declaró empresa fantasma.
Existen otras acusaciones contra
Esquer Verdugo. Luego de su renuncia del Indep, Jaime Cárdenas señaló que el
presidente y su secretario particular esperaban obediencia ciega a sus
indicaciones, aunque fuera en contra de la ley. Cárdenas también señaló que
Esquer y Ernesto Prieto —entonces director de la Lotería Nacional y ahora del
Indep— fueron a un almacén del instituto en Toluca y se llevaron artículos
que ya habían sido subastados sin hacer los registros necesarios; también se
apropiaron de un yate que la Marina tenía en comodato, argumentando que iban a
venderlo, pero no sucedió. Finalmente, la hija de Esquer Verdugo, Carmelita
Esquer Camacho, fue nombrada directora de Pemex Procurement International,
encargada de las compras internacionales de la petrolera desde Houston, Texas,
a pesar de no tener experiencia en dicha materia.
Los familiares incómodos
El 13 de junio de 2019, el
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público un memorando que
señalaba que no aceptaba que miembros de su familia hicieran negocios con el
gobierno. Sin embargo, hasta ahora, tres de sus familiares han sido señalados
por cometer presuntos actos de corrupción.
El primero fue su hermano, Pío
López Obrador. Apareció en un video, difundido en agosto de 2020 por Carlos
Loret de Mola en LatinUs, recibiendo 1.4 millones de pesos en efectivo para la
campaña electoral de Chiapas en 2015 de manos de David León Romero. El
presidente defendió lo sucedido argumentando que se trataban de “aportaciones
voluntarias para fortalecer el movimiento”, a pesar de que en ese momento
Morena ya recibía recursos públicos como partido político, que AMLO era el
presidente del partido y que esos recursos jamás se declararon al INE, por lo
que se trató de financiamiento ilegal.
La segunda fue Concepción
Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador, cuñada del presidente
y primera síndica del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. En septiembre de
2020, todo el ayuntamiento de Macuspana renunció a sus cargos. Pocos días
después, el congreso del estado presentó un reporte que encontró
inconsistencias por 223 millones de pesos en faltantes y pagos sin justificar
del ayuntamiento. Una de las funciones de la primera síndica es vigilar las
finanzas municipales.
José Ramiro López Obrador fue
presidente municipal de Macuspana entre 2004 y 2006. En 2010 fue acusado de
haber desviado cerca de 40 millones de pesos de un proyecto inmobiliario. En
2018 fue nombrado por el gobernador Adán López como subsecretario de Asuntos
Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, cargo al que renunció para
participar en el proceso electoral de 2021.
La tercera fue su prima, Felipa
Guadalupe Obrador Olán. De acuerdo con una investigación de Mario Gutiérrez
Vega, presentada por Loret de Mola en LatinUs el 3 de diciembre de 2020,
durante esta administración Obrador Olán ha participado, a través de la
empresa Litoral Laboratorios Industriales, en contratos que suman más de 365
millones de pesos otorgados por Pemex. Un par de días después, en un
comunicado difundido por Twitter, Pemex reconoció la existencia de una
omisión en las asignaciones; anunció el inicio de una investigación y la
rescisión de los contratos; también señaló que la prima del presidente fue
advertida de no continuar interviniendo en las licitaciones desde diciembre de
2019, pero insistió en hacerlo durante 2020.
En 2019, López Obrador aseguró
que no hay “negocio jugoso” que no se haga sin el visto bueno del presidente,
pero parece que, cuando se trata de sus familiares, todo es diferente.
El fraude de Morena con el sismo
Seis días después del terremoto
del 19 de septiembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador —en ese momento,
presidente de Morena— adelantó que su partido donaría la mitad de sus
recursos a los damnificados y anunció la constitución del fideicomiso Por los
Demás y también invitó a los ciudadanos a que depositaran en este fondo. El
problema de esta medida es que los partidos políticos no pueden entregar
dinero a las personas. Por eso, el INE ofreció que los partidos regresaran
parte de sus recursos a Hacienda para que ésta pudiera destinarlos a los
damnificados, pero Morena rechazó este camino.
De acuerdo con la investigación
hecha por el INE, más del 44 % de los recursos de este fideicomiso provinieron
de depósitos en efectivo, a pesar de que estaba claramente prohibido en el
contrato del fideicomiso. Los depósitos eran realizados por grupos pequeños
de personas que se formaban varias veces en una misma sucursal. Además, es
claro que quienes operaban este fondo estaban estrechamente ligados a Morena:
84 % de los aportantes identificados eran legisladores de ese partido —los tres
principales fueron Rocío Nahle, Ana Gabriela Guevara y Manuel Bartlett—. De
las 70 personas que recibieron cheques para supuestamente entregar los apoyos,
56 pertenecían al partido.
Con base en estos hallazgos, el
INE determinó imponer una multa al partido por 197 millones de pesos, 2.5
veces lo reportado en el fideicomiso. Sin embargo, el Tribunal Electoral
decidió revocar el caso lisa y llanamente, argumentando que el INE no agotó
la investigación, fue indebida la fundamentación y motivación de la sanción
y violó los derechos de audiencia de la parte acusada. Tanto la investigación
del INE como la defensa de Morena ante el Tribunal Electoral señalaron que el
fideicomiso Por los Demás no recibió recursos del partido, es decir, Morena
no donó un solo peso de sus prerrogativas a los damnificados.
Durante 2020, el presidente
empujó la desaparición de 109 fideicomisos públicos al acusarlos de espacios
opacos que propician actos de corrupción. No obstante, en 2018 tras la
revocación de la multa por parte del Tribunal Electoral, López Obrador
seguía convocando a la gente a depositar en el fideicomiso con el que Morena
prometió apoyar a los damnificados por los terremotos, pero que resultó no
ser de Morena.
Las empresas fantasma del
periódico de Morena
En 2016, Jesús Ramírez Cuevas,
actual vocero de la Presidencia de la República, fungía como vocero del
entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, además de ser el editor del
periódico de Morena, Regeneración. Desde esa posición, Ramírez contrató
los servicios de la empresa Benefak S. A. de C. V. para imprimir la
publicación del partido.
El nombre de esta empresa fue
controversial desde antes de las elecciones de 2018, pues una investigación
periodística señaló que había recibido 58 millones de pesos por parte del
Comité Estatal de Morena en Tabasco para la impresión de 20 000 ejemplares
del periódico. Las facturas de dicha transacción formaban parte de una
investigación de la Unidad de Fiscalización del INE. Jesús Ramírez
respondió que la empresa sí había sido contratada, pero que el monto pagado
había sido de 58 000 pesos.
El SAT inició una investigación
sobre esta empresa desde julio de 2018, pues sus operaciones indicaban posibles
irregularidades. Los visitadores del SAT acudieron al domicilio de la
compañía, pero no lograron encontrar la empresa. Después de un año de
procedimientos administrativos, la autoridad hacendaria determinó que Benefak
S. A. de C. V. era una empresa fantasma.
Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad localizó y visitó a quien aparecía en los documentos públicos
como la dueña de Benefak: Donají Corrales Ramírez, una mujer de bajos
recursos que vive en una casa de láminas y cartón en la región de La
Cañada, en Oaxaca. La presunta dueña se mostró sorprendida y dijo no conocer
a ninguna de las personas mencionadas en el acta constitutiva. Ella sospecha
que sus datos personales pudieron haber sido extraídos al inscribirse al
programa Prospera. Esta empresa ha facturado más de 70 millones de pesos en un
año como proveedora de los gobiernos de Puebla, Tabasco, Quintana Roo y
Tlaxcala. En esta última entidad, el órgano de fiscalización local había identificado
desde 2016 que Benefak era una empresa fantasma.
Las empresas fantasma han sido
utilizadas por todos los partidos como un mecanismo para desviar recursos e
incluso siguen recibiendo contratos por parte de la administración actual. Sin
embargo, este caso demuestra que estas empresas también fueron utilizadas por
el equipo más cercano al presidente López Obrador.
Coordinado por Jorge Andrés
Castañeda Morales, director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.
Las fichas fueron elaboradas por Ricardo Alvarado, Rosa Castañeda, Leonardo
Núñez y Leonor Ortiz Monasterio, integrantes de la Unidad de Investigación
Aplicada de MCCI
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