Por Jorge Luis Montiel.
(36 desaparecidos esperan en la
fosa común)
Hay declaraciones que por legales
no dejan de ser absurdas, el argumento jurídico nunca podrá estar por encima de
los hechos, es más terca la realidad. Resulta que la Procuraduría de Justicia
de Sinaloa informa que en el lapso de 8 años sólo se tiene registrada una “desaparición forzada”. La noticia,
publicada en el rotativo Noroeste, por si misma cae ante la incredulidad de los
sinaloenses. Nadie en su sano juicio podrá aceptar tal cosa.
Sin embargo, todo lo contrario al
registro de la única “desaparición
forzada”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene el registro de 154 denuncias
y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, registra 300. Los números no
coinciden entre los Ombudsman y la procuraduría, por una sencilla razón.
La PGJS toma como argumento legal
lo que establece el Artículo 172 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa
que dice que “el delito de desaparición
forzada” para ser tal deberá denunciarse y probarse la participación en el ilícito de “servidores públicos”. Es decir,
si la procuraduría sólo tiene registrado una “desaparición forzada” en lo que va de 8 años quiere decir que es
muy baja la incidencia o presencia de “funcionarios
públicos” en este delito.
Este enjuague legal que está
vigente desde el 9 de agosto de 2013, hace 14 meses, ha servido para que la
procuraduría oculte cifras. Es decir todo lo que sea anterior a esta fecha es
impensable en el concepto de investigación del delito de “desaparición forzada”. Esta es la razón por la que sólo tienen
registrado sólo un caso, el que sucedió en noviembre del 2013 donde
participaron 5 policías municipales de Ahome en una “desaparición forzada”.
Para nadie es extraño escuchar
que en el norte de Sinaloa, especialmente en los municipios de El Fuerte y
Guasave y en cierta forma Ahome, “los
levantones” se han incrementado y en muchos de ellos sabemos han
participado agentes de la policía municipal o del estado, los mismos que cuando
acude el quejoso, niegan como blancas palomitas que “el desaparecido” se encuentre en los separos de las diversas
corporaciones.
Lamentablemente hay miedo a
denunciar. No hay confianza en los policías y ministerios. Una muestra de ello
son los 36 cuerpos que se encuentran en la fosa común del panteón municipal de
la colonia Ferrusquilla de Los Mochis. Hay 36 cadáveres que al no ser
reclamados por ningún familiar fueron a dar a la fosa, una forma muy fácil de
tirar el muertito que evidencia la casi nula capacidad de investigación que no
llega para aquellos que no tienen nombre, aquellos que no son importantes,
aquellos que están cubiertos por los polvos de la impunidad.
Es muy fácil abrir un hoyo y
echarle tierra al muerto. Usted no dude que muchos de los 36 cadáveres, por no
decir que todos, fueron “levantados”
y ejecutados. Son los “desaparecidos
forzados” que no caben en la estadística que deriva del artículo 172 bis y
que ahí quedaron los expedientes abiertos en los archivos muertos.
En algunas inscripciones al
frente de las cruces de esa fosa común podemos leer lo siguiente: “Averiguación
180/2014/Agencia 1”, “Averiguación 14/2014/Agencia 2ª”, “A.P.-Ahome/HOMD/22/2012/AP.
CUERPOS Nº1 y Nº2”. CUERPO Nº7”, “A.P. AHOME/HOMD/23/2013/AP. CUERPOS A Y B,
CUERPO Nº6”, “9-05-14 CPO 12 y 16 SAN BLAS EL FTE AG.2”.
La lista es larga, sólo es una
muestra de aquellos que se fueron a la fosa común sin tener nombre y apellido.
Son 36 cuerpos con diversas fechas que van del 2012 al 2014. Seguramente 36
hogares, 36 familias aún esperan el regreso de uno de estos “desaparecidos forzados” o “levantados”. Igual muchos de ellos aún
estarán con el temor de la denuncia y prefieren no llegar más lejos.
Habría que preguntar al
Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, si estos 36 fueron
contabilizados en la lista macabra de “desaparecidos”
o sólo son parte de la lista negra de una estadística que nunca se dará a
conocer, aquellos que no caben en el artículo 172 bis del Código Penal (H.F)©
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