Por Jorge Luis Montiel.
Antonio Gramsci, politólogo
italiano, afirmó que las clases políticas al llegar al poder establecen su
hegemonía. La clase en el poder debe buscar por todos los medios que prevalezca
la DIRECCIÓN POLÍTICA por medio del consenso. Gramsci, observa que esa clase
política también tiene otra alternativa, aplicar el DOMINIO POLÍTICO a través
de la fuerza.
Es decir, aceptando que el Estado
puede acudir a la coerción, principalmente cuando se pone en riesgo la
gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad de las mayorías o de terceros
perjudicados, me inclino por insistir que no agotemos la primera alternativa.
Los legisladores como parte de
esa clase política hegemónica tienen una terrible tentación: todo lo piensan en
razón de norma y creen que cuanta cosa sucede debe
"institucionalizarse" dentro acartonamiento de las leyes.
Antes que eso, hace falta que
pensemos en la desobediencia civil, la desobediencia a la clase política hegemónica
y sus políticas públicas y aunado a eso, metamos a la discusión disidente el
tema de los terceros perjudicados.
Ningún movimiento social es por
casualidad. Es necesario por salud de todos hacer un alto en el camino y
aceptar primero, que la desobediencia movilizada ha ganado un espacio que exige
ser escuchada.
Invito a los legisladores a que
no caigan en el tentación de ejercer el control de las movilizaciones creando
normas que atentan contra la libre expresión de la ideas.
No comparto las recientes declaraciones
del líder de la bancada perredista en el senado, Miguel Barbosa Huerta que
apela a que se aplique de facto (urgente) el poder coercitivo del Estado sobre
las manifestaciones de "el vandalismo".
Que quede claro, no soy
partidario de la turba enardecida que agrede, ni de la fuerza policiaca que “obedeciendo
mandos” hiere de forma indiscriminada. Seguir por esta vía terminará por
arrojar consecuencias trágicas, pues en el tumulto impera el desorden y la
confusión, entonces las fuerzas policiacas en el desespero dan golpes de
ciegos.
Insisto, volvamos a la mesura,
atemperemos los ánimos exacerbados y no sigamos echando más combustible donde
ya hay suficiente fuego.
Los diversos actores sociales
estamos obligados a llamar a esa clase política que ocupa la hegemonía del
Estado para que acepten que en las calles existen una expresión de
desobediencia civil que reclama ser escuchada.
Es urgente abrir este espacio
para poder distinguir la legitimidad de las protestas con el vandalismo. El
lumpenaje no tiene cabida, no hay espacio para dialogar con transgresores que
dañan propiedades y ponen en peligro la integridad física de terceros. El
riesgo es que las movilizaciones de grupos disidentes (no estoy en contra de la
disidencia) ha sido infiltrada por expresiones que han hecho de la agresión la
única alternativa.
Negarnos a la confrontación de las
ideas con los grupos minoritarios, así se llamen "anarquistas" o como
se llamen, es cancelar la posibilidad de caminar todos por la vía del consenso.
No estoy de acuerdo en acallar la
disidencia con la violencia, si seguimos así, la desobediencia civil terminará
arrinconada por una clase hegemónica que no encontró mayor recurso que la
fuerza represiva del Estado. La desobediencia política, la protesta organizada
toca a las puertas del entendimiento y los acuerdos, abrámosla, si la seguimos cerrando
la derribarán a golpes (H.F)©
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